SURda

Opinión

Brazil

Raúl Zibechi

 

Una de las principales características del caos sistémico es la opacidad y la imprevisibilidad de los escenarios geopolíticos y políticos, globales y locales, fruto en gran medida de las transiciones en curso y de la superposición de diversos actores que influyen/desvían el curso de los acontecimientos. En suma, una realidad hipercompleja en la que es posible visualizar las grandes tendencias, pero no es tan sencillo comprender la coyuntura. En todo caso, una realidad resistente a las simplificaciones.

Los recientes sucesos en Brasil, la detención de Lula y su posterior nombramiento al frente del gabinete ministerial, y las manifestaciones del pasado domingo, parecen precipitar los acontecimientos. Sin embargo, no será sencilla la destitución de la presidenta Dilma Roussseff para poner fin al gobierno del Partido de los Trabajadores (PT), ya que la oposición también está afectada por la falta de credibilidad. Lo que se terminó en Brasil fue un periodo más o menos prolongado de estabilidad política y económica, ya que no existe una coalición capaz de estabilizar el país.

Veamos las que creo que son las tendencias principales, con sus respectivas contratendencias.

La primera es que resulta evidente que existe una potente ofensiva destituyente contra el gobierno y el PT, por parte de las derechas: los grandes medios, el capital financiero brasileño e internacional, Estados Unidos y, según parece, una parte del aparato judicial. La operación Lava Jato (Lavado Rápido) sería parte de esta ofensiva que se acentúa a medida que el escenario global se polariza.

Sin embargo, diversos analistas cercanos a la izquierda opinan lo contrario y no miden la actuación de la justicia por los impactos políticos. El sociólogo Luiz Werneck Vianna sostiene que “la naturaleza de la operación Lava Jato es republicana y su función es denunciar el contubernio entre la esfera pública y la esfera privada” ( http://goo.gl/XnMEDo ). Agrega que quienes denuncian al Lava Jato como maniobra de la derecha defienden pequeños intereses y que la relación entre lo público y lo privado había llegado a extremos que clamaban una intervención.

La segunda tendencia es la disolución de las izquierdas. Hay personas que dicen cosas que parecen de izquierda, pero no existe fuerza social y política con valores y actitudes de izquierda. El más importante intelectual de izquierda brasileño, el sociólogo Francisco de Oliveira, sostiene que no hay lucha de ideas y de posiciones políticas, apenas desfiles callejeros, y que la izquierda no tiene capacidad de convocatoria. “La izquierda está sin rumbo –dice–. Yo mismo soy de izquierda y estoy sin rumbo” ( http://goo.gl/67nxKq ).

Un síntoma de la inexistencia de izquierda es la incapacidad de autocrítica, no sólo por los políticos y dirigentes, sino también por los llamados intelectuales que, en su inmensa mayoría, culpan de todo a la derecha y a los medios y son incapaces de tomar en cuenta los datos que contradicen su análisis. El pasado domingo los manifestantes, que se supone son de derecha, abuchearon y echaron a los principales dirigentes de la oposición, el gobernador de Sao Paulo, Geraldo Alckmin, y el senador Aecio Neves, del Partido Social Demócrata Brasileño, al grito de ladrones y oportunistas .

¿Cómo encajan estos hechos en el análisis simplista de los intelectuales de izquierda? Las denuncias más demoledoras contra Lula y Dilma (y buena parte de los políticos de derecha) provienen de Delcidio Amaral, senador por el PT, elegido por Dilma para liderar el Senado. Antes había sido ministro de Minas y Energía bajo Itamar Franco (1994 y 1995) y director de Petrobras bajo Fernando Henrique Cardoso (2000 y 2001), y es considerado experto en negocios turbios ( Página 12, 16/3/16). Este es el tipo de personas que el PT recluta desde que ocupa el gobierno.

No hay izquierda porque el PT se encargó de aniquilarla, política y éticamente. Lula fue durante años el embajador de las multinacionales brasileñas. Entre 2011 y 2012 visitó 30 países, de los cuales 20 están en África y América Latina. Las constructoras pagaron 13 de esos viajes, la casi totalidad Odebrecht, OAS y Camargo Correa (Folha de Sao Paulo, 22/3/13). Es apenas una cara del consenso lulista . La otra es la domesticación de los movimientos.

Es cierto que hay una contratendencia desde abajo marcada por un nuevo activismo social, que se manifestó en 2013 con el Movimento Passe Livre, luego con las ocupaciones de los sin techo, el nuevo activismo feminista y más recientemente con la ocupación de cientos de colegios secundarios. Pero estos movimientos ya no obedecen a la vieja lógica (correa de trasmisión de los partidos), sino a nuevas relaciones sociales, entre las que destaca la autonomía de los partidos y los sindicatos, la horizontalidad y el consenso para tomar decisiones.

La tercera tendencia es el fin de la hegemonía de los diversos actores políticos o sociales. Una sociedad sin hegemonía quiere decir una sociedad caótica, desordenada, en la que ninguna instancia tiene legitimidad ni capacidad para determinar los rumbos que se toman. Para la izquierda institucional y electoral, y para los profesionales del pensamiento, esto es un horror, un peligro del que se debe huir. Para quienes apostamos al autogobierno de pueblos y comunidades, es una posibilidad real de expropiar a los expropiadores , ya que es la antesala de un colapso sistémico.

Con dos condiciones. Una, que no se crea que el viejo mundo caerá sin afectarnos. Seremos parte del naufragio, estaremos en peligro, tanto como los sectores populares. Esto no es ni bueno ni malo, es el precio a pagar para tener la posibilidad de crear un mundo nuevo.

La otra es que no existe la menor certeza. Lo previsible es el Estado, las instituciones, las multinacionales. El colapso es una apuesta, pero no un juego, en el que ponemos el cuerpo y nos arriesgamos a perderlo todo, para imprimirle un cambio de rumbo a la humanidad.

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2016/03/18/opinion/020a2pol

 

El suicidio de Lava Jato

Vladimir Safatle

El juez Sergio Moro consiguió lo increíble: volverse indefendible tanto como aquello que procura juzgar. Contrariamente a lo que patrocinara en los últimos días, sus últimas acciones son simplemente una afrenta a cualquier idea mínima de Estado democrático. No se lucha contra bandidos utilizando métodos de bandidos.

La divulgación de las conversaciones de Lula con su abogado constituye una transgresión al secreto profesional y un crimen grave en cualquier parte del mundo. No hay absolutamente nada que justifique la falta de respeto a la inviolabilidad de la comunicación entre cliente y abogado, independientemente de quien sea el cliente.

Todavía más absurdo es la divulgación de un espionaje telefónico involucrando a la presidenta de la República, por un juez de primera instancia, teniendo en vista simplemente la convulsión de una crisis política.

Algunos consideran que el fin justifica los medios. Sin embargo, hay que recordar que quien se sirve de medios espurios destruye la bondad de los fines.

Pues podríamos comenzar por preguntarnos qué país será éste en el cual un juez de primera instancia cree tener derecho a divulgar a la prensa nacional la grabación de una conversación de la presidenta de la República en la cual, es siempre bueno recordar, no hay nada que pueda ser ilegal o criminoso.

Al final, el argumento de obstrucción de la justicia no se sostiene. Dilma tiene el derecho de nominar a quien quiera y Lula no es un reo procesado. Si las pruebas contra él se muestran sustanciales, Lula será juzgado por el mismo Tribunal que puso a varios miembros de su partido, de manera merecida, en la cárcel, como fue el caso del mensalão.

Recordemos que “obstrucción” de la justicia es una situación en la que el individuo, de mala fe e intencionalmente, pone obstáculos a la acción de la justicia para inhibir el cumplimiento de una orden judicial o diligencia policial. Nombrar a alguien ministro, llevándolo a ser juzgado por el Superior Tribunal Federal (SFT), sólo puede ser “obstrucción” si pensamos que el Supremo Tribunal no forma parte de la “justicia”.

La fragilidad del argumento es patente, así como es frágil la intención de usar una escucha ilegal cuya interpretación ofrecida por el juez Moro es, como mínimo, pasible de cuestionamiento.

En realidad, hay muchas personas en el país que temen que el señor Moro haya dejado su función de juez, responsable por la conducción de un proceso sobre las relaciones incestuosas entre la clase política y las mega-constructoras, para tornarse en un mero incitador de la caída de un gobierno.

La Operación Lava Jato ya había sido criticada no por aquellos que temían su extensión, sino por los que querían verla ir más lejos. Hay tiempos, ella más se parece a una operación de manos limpias manca.

Incluso con denuncias exageradas, una parte de la clase política hasta ahora pasó ilesa. No hay “fugas” contra la oposición, aunque todo el mundo sabe de nombres y esquemas vinculados al gobierno de FHC (Fernando Henrique Cardoso) y  su partido. Sólo ahora ellos comienzan a aparecer, como Aécio Neves y Pedro Malan.

Reitero lo que escribí en esta misma columna la semana pasada: no debemos tener solidaridad ninguna con un gobierno involucrado hasta el cuello en casos de corrupción. Pero no se trata aquí de solidaridad a los gobiernos. Se trata de rechazar la naturalización de prácticas espurias, que no serían aceptadas en ningún Estado mínimamente democrático.

No quiero vivir en un país que permite a un juez sentirse autorizado a faltar el respeto a los derechos elementales de sus ciudadanos por haber sido incitado por un circo mediático compuesto de revistas y diarios, que apoyaron, hasta el final, a dictaduras y por canales de televisión que pagaron salarios ficticios a ex amantes de presidentes de la República con el propósito de protegerlos de los escándalos.

El Ministerio Público ganó independencia en relación al Poder Ejecutivo y Legislativo, pero parece que ganó también una dependencia viciosa en relación a los humores peculiares y a la moralidad selectiva de los sectores hegemónicos de la prensa.

Pasan los días y queda más claro que la conmoción creada por el Lava Jato tiene como único blanco al gobierno federal.

Por eso, es muy probable que, derribando al gobierno y encarcelando a Lula, la operación Lava Jato desaparecerá paulatinamente de los noticiarios, la prensa será sólo sonrisas para los días venideros, el dólar bajará, la bolsa subirá y volverán al comando los mismos corruptos de siempre, ya que ellos fueron esquivados de manera sistemática durante toda la fase caliente de la operación.

Lo que podría haber sido el ejemplo de cómo la democracia brasileña sólo funcionó hasta ahora bajo la corrupción, precisando ser cambiada radicalmente, habrá sido sólo una farsa grotesca.

Traducción: Carlos Abel Suárez

Folha de S. Paulo 18 de marzo de 2016

 

Lula en la Casa Civil: ¿en qué afecta a la izquierda?

Fábio Nassif 

La presidenta Dilma Rousseff (PT) decidió este miércoles nombrar al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva ministro de la Casa Civil. Las consecuencias no son todavía evidentes. La entrada de Lula podría tanto dar un nuevo aliento al gobierno Rousseff, como implicar aun más a la presidencia en las investigaciones de corrupción. Pero exige una reflexión: ¿en qué afecta a la izquierda?

La primer cosa que veremos serán suspiros de alivio y hasta la satisfacción de parte de la sociedad que sintió el impacto de las manifestaciones reaccionaria muy masivas del día 13. Tiene sentido para quienes insisten que hay un golpe de Estado en curso, con una gran conspiración que implica a las instituciones de Justicia, la Policía Federal, los grandes medios, las Fuerzas Armadas y hasta Obama, para derribar a Dilma.

Otros sectores, más entusiasmados -inclusive por estar mucho más acorralados- van más allá: pretenden rescatar el discurso de que la entrada de Lula puede significar un giro a la izquierda del gobierno. Para creerlo es necesario una buena dosis de amnesia, capitulación o de creencias mitológicas absurdas. O las tres a la vez.

La fuerza política de Lula es incuestionable. Es tan grande que demostró tener la capacidad de domesticar a buena parte del movimiento social y establecer alianzas con buena parte de la burguesía y sus representantes. Tardó, pero hoy cualquier cabeza pensante comprende que el proyecto de poder del PT  se vio limitado por la conciliación de clases y por la coalición con parte de la derecha tradicional y sectores del gran capital, especialmente la triada constructoras, agronegocios y capital financiero (recuerden: hubo gente que afirmó hace 13 años que esta política conciliatoria no serviría para vertebrar un proyecto de izquierda...El PSOL (Partido Socialismo e Liberdade) surgió justamente en contraposición a ese proyecto.

Los sectores que celebran la entrada de Lula en el gobierno, tienen aún que decidir si significa un giro a la izquierda del gobierno o si el ex presidente intentará restablecer el pacto de clases que sustentó sus gobiernos, para que apoye al gobierno de Dilma. Si unimos estos dos aspectos en una misma pregunta, tendremos una respuesta implacable: ¿es posible un gobierno de izquierda que recicle y al mismo tiempo recomponga la política de conciliación de clases? La respuesta que tenemos por la experiencia es: ¡no!

Vale la suposición, con el único objetivo de hacer un análisis coyuntural, de que Lula tenga la intención de hacer un guiño a la izquierda (recuerden: hay gente que lo espera hace más de 13 años, argumentado que los gobiernos petistas siempre estuvieron “en disputa” por la izquierda).

Evidentemente, es preciso considerar ante todo la actual correlación de fuerzas en la sociedad, los desdoblamientos de la Operación Lava Jato, la reacción de los grandes medios, las maniobras de Cunha, del PMDB y del Congreso e, irónicamente, si es realista la esperanza de los petistas de que el Supremo Tribunal Federal (el mismo que juzgó el “mensalão”) pueda “juzgar justamente” a Lula, en caso de que lo impute, que el juez Sérgio Moro. Hay que tener en cuenta que la coyuntura internacional que favoreció el modelo exportador de materias primas brasileño cambió bastante en relación al período de auge del lulismo.

Desde ese punto de vista, Lula estaba en mejores condiciones para aplicar el proyecto petista en 2002, cuando fue elegido por primera vez, que ahora como ministro. No vivíamos una crisis política, económica, social y ambiental como la que sufrimos ahora. Era el auge del pacto de clases. Muchas cosas cambiaron desde entonces. Principalmente porque en medio del camino se cruzó junio de 2013, que hizo explotar a las masas y a los pactos corruptos de la República. Dilma, a pesar de defender el proyecto de conciliación, no tuvo éxito.

La crisis económica es la más grave de los últimos 25 años. El nivel de desempleo creciente, la inflación exorbitante y la desconfianza de los mercados –que no deben ser ignorados, porque condicionaron los gobiernos de Lula- es enorme.

A nivel político el escenario tampoco es fácil, ni para el proyecto petista, ni para la clase trabajadora (dos cosas bien diferentes). Hace pocos días, el PMDB dio pasos para alejarse del gobierno y, consecuentemente, se aproximó más a la oposición de derechas. Cunha, a pesar de enfangar más que ayudar al proceso de impeachment de la derecha tradicional, debe también apoyarse en ella para mantenerse en el cargo. Y la operación Lava Jato sigue creciendo en imputados, no solamente petistas, sino también grandes figuras del PMDB y del PSDB.

El análisis sobre la capacidad de Lula de resucitar el difunto proyecto petista no se puede reducir a la cuestión del privilegio de aforamiento del que disfrutará el ex presidente. El escándalo provocado por la entrada de Lula en el gobierno, alimentado tanto por los grandes medios como por los petistas, por motivos diferentes, acrecienta una insoportable falsa polarización y empobrece el debate sobre el futuro del país. Para los primeros es un forajido al que persigue la justicia, para los segundos es un exiliado político.

Buena parte de las políticas que dieron sustento a los gobiernos petistas también están en jaque ahora. Comenzando por los grandes proyectos de construcción que fueron fundamentales para la existencia del PAC (Programa de Aceleración del Crecimiento) y del Mí Casa, Mi Vida, por ejemplo. El BNDES (Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social) les dedicó aproximadamente la mitad de sus recursos en los últimos años. Y, no por casualidad, fueron las grandes constructoras las principales donadoras de las campañas electorales. O sea, son la base fundamental del proyecto de conciliación. Pero no podrán reunirse con Lula en estos momentos, porque sus principales directivos están en la cárcel. Algunas de esas empresas han visto caer sus beneficios y ya están despidiendo en masa.

¿Qué podrá hacer Lula, por ejemplo, para salvar a los empresarios de la educación que se han beneficiado con la contrarreforma universitaria y que hoy asisten a una caída de matrículas? ¿Qué hará Lula para calmar a la FIESP (Federación de las Industrias del Estado de San Pablo) y revertir la desindustrialización del país? ¿Qué hará para agradar a los mercados y convencer a la clase trabajadora que su pérdida de derechos valdrá la pena?.

Quienes han olvidado que la lucha de clases existe y solo se han acordado de ella el último 13 de marzo, no pueden engañarse ni engañar a la población asegurando que la “vuelta” de Lula bloquea ese motor de la Historia. su verdadero objetivo es ayudar a Lula para que el gobierno Dilma sobreviva, recomponiendo unas negociaciones más amplias todavía con las elites y las oligarquías más retrogradas del país, con los banqueros, mega-empresarios y los agronegocios. Y también con los grandes medios de comunicación, que necesariamente tendrán que formar parte de ese acuerdo (como lo hicieron en los gobiernos petistas anteriores).

Para considerarlo un giro a la izquierda, Lula tendría que, en primer lugar, romper la Carta al Pueblo Brasilero. Tendría no solo que frenar la Reforma de la Previsión Social de Dilma, sino deshacer su propia Reforma. Tendría que romper con las elites y las oligarquías. Tendría que hacer una reforma política que democratizara radicalmente el poder y los medios de comunicación. Tendría que hacer la auditoría de la Deuda Pública y dejar de pagarle a los banqueros. Tendría que hacer una Reforma Agraria y Urbana de verdad. Tendría que demarcar tierras y comunidades indígenas. En fin, tendría que hacer exactamente lo opuesto de lo que hizo como presidente. Y no hay el menor indicio, ni por la coyuntura ni por la correlación de fuerzas, de que vaya a hacerlo.

Casi todo es incierto. Lula puede o no ayudar a frenar el impeachment de Dilma, puede o no ayudar a traer más estabilidad política y económica, puede o no rescatar parte de la popularidad del gobierno. Lula hasta puede hacer que Dilma se vista con la camiseta de los movimientos sociales. Pero es totalmente increible considerar que Lula hará de este gobierno un gobierno de izquierda, por el simple hecho de que ese no es el proyecto lulista de poder.

El proyecto lulista de poder presupone el mantenimiento del engranaje de la democracia condicionada por las elites económicas. Su esencia es exactamente lo que amplias capas de la sociedad rechazan categóricamente, sobre todo la nueva generación de activistas que salió a las calles en junio de 2013, y de la clase trabajadora sin esperanza. El oxígeno que Lula daría al gobierno podría significar el aceleramiento de la muerte estratégica de ese proyecto. Y lo que queda de la izquierda socialista debe ser utilizado para organizar en las calles los anhelos de transformación radical de la sociedad, verdaderamente a la izquierda.

Traducción: Enrique García

Correio da Cidadania, 17 de marzo 2016

 

Empeoran el racismo y el terrorismo de Estado y crece la resistencia de la juventud

Juan Luis Berterretche

El 23 del mes de febrero Amnistía Internacional publicó su informe anual sobre el Estado de los Derechos Humanos en el Mundo, panorama que abarca 160 países. El capítulo sobre Brasil describe el agravamiento de la situación en el ámbito de los DDHH, indicando la responsabilidad directa del Congreso brasileño en esa degradación de los derechos y libertades de la población.

Entre otros varios temas, la entidad pone como ejemplo: el proyecto de ley 2016/15 que “tipifica” el terrorismo, tiene como objetivo central criminalizar los movimientos sociales; la aprobación en Diputados -iniciativa de la bancada BBB*- de una enmienda a la Constitución pretende reduce la mayoría penal contra los derechos de niños y jóvenes; un proyecto de ley 5.069/13 aprobado por la cámara de diputados de un Estatuto de la Familia -el nombre ya indica el origen en la “bancada biblia”- dificulta los abortos de mujeres víctimas de violación; y entre otros un notorio avance en el debate del proyecto de enmienda constitucional (PEC 215) que permite al Congreso impedir cualquier clase de nueva demarcación de tierras indígenas, lo que ha promovido un crecimiento de la violencia “ruralista” y sus sicarios, contra los indígenas y la población rural en general.

Amnistía también destaca el número creciente de asesinatos de jóvenes y niños negros. A la vez que resalta que no se pudo calcular la cantidad de homicidios realizados en 2015, por “falta total de transparencia” en la mayoría de los estados, pero con la certeza que superó el asesinato de 58 mil personas, la cifra de 2014. Aquí destaca los casos emblemáticos de matanzas y ejecuciones policiales e intentos de alterar la escena del crimen, para criminalizar a las víctimas.

Es evidente que el Congreso está dominado por la mafia BBB y una mayoría de corruptos, destacándose entre ellos los presidentes Eduardo Cunha de la cámara de diputados y Renan Calheiros del senado, investigados ambos por innumerables artimañas para apropiarse de dineros públicos o coimas con obras estatales y realizar fuga de capitales.

Pero la responsabilidad del gobierno central, tanto en el tema de corrupción como en el de represión y racismo no es menor. Allí se destaca la operación “Lava-Jato” que investiga las coimas que pagaban las principales corporaciones para intervenir en las obras de Petrobras. El conjunto de la clase política, tanto gobierno como oposición, tuvieron injerencia destacada en la utilización de sobornos para financiar las campañas electorales, o abrir cuentas personales en paraísos fiscales.

Respecto al racismo y a los DDHH la mayor acción de exterminio se realizó en Manaos en un único fin de julio/2015 donde 37 personas fueron asesinadas por un grupo de exterminio de policías, en represalia por la muerte de un colega.

La que le sigue en importancia por la cantidad de muertes fue en el barrio de Cabula en Salvador de Bahía, donde 12 jóvenes negros fueron asesinados -y otros cuatro heridos- por policías militares, y en una intervención judicial plagada de ilegalidades, los asesinos fueron eximidos de culpa. Mientras el Ministerio Público condenó el hecho como ejecuciones extra-judiciales. El principal defensor de la policía asesina fue el gobernador de Bahía, Rui Costa, del PT. Pero además, la complicidad del PT se expresó en que ningún funcionario del gobierno petista, ni del estado ni del país, hizo una acusación contra el gobernador nordestino, o condena por la manipulación de la investigación y la intervención judicial.

Racismo y Terrorismo de Estado en Rio de Janeiro

El Instituto de Seguridad Pública de Rio informó hace pocos días la cantidad de personas muertas en “enfrentamiento” con la policía del estado en 2015. Fueron 644 intervenciones letales de las policías militares. Aquí no se incluyen ni las víctimas de los grupos de exterminio, aunque está ampliamente demostrado que cuentan con integración de los diferentes sectores policiales que intervienen en una represión estatal “encubierta”, ni se cuentan las víctimas de las “milicias”, mafias de origen policial que controlan varias favelas en Rio. Por eso además de los 644 homicidios policiales, una parte importante de los 4.197 que se definen como “homicidios dolosos” es posible que también sean responsabilidad de agentes gubernamentales encubiertos.

En todo el mundo cualquier muerte violenta se caracteriza de “homicidio” y debe ser investigada por la justicia. En Brasil, hay varios términos diferentes, para caracterizar las muertes violentas: “lesión corporal seguida de muerte”, “latrocinio”, “homicidio doloso” y el más conocido es el antes llamado “auto de resistencia” que ahora se denomina como “homicidio derivado de oposición a la intervención policial” con el mismo objetivo de antes: eximirlo de cualquier investigación. De modo que esas 644 intervenciones letales de las policías -en especial las PMs- quizá solo representen una fracción de las verdaderas cifras del crimen policial.

Estos 644 homicidios indican 25,4 homicidios por 100 mil habitantes. Pero el aspecto más importante de estas dudosas cifras oficiales es la proporción de personas negras o pardas asesinadas en 2015: 77,2% del total.

Rio de Janeiro por haber sido capital de Brasil, en sus favelas quizá arrastre la más fuerte tradición de racismo estructural, institucional e interpersonal del país. La relación que el Estado siempre creó con la favela de lazos de clientelismo electoral y de corrupción política con el dinero del tráfico, ahora ha pasado a un segundo plano. El PMDB que contó con los dos últimos gobernadores de Rio, bajo Álvaro Cabral, con el apoyo del gobierno petista, comenzó por implantar las Unidades de Policía Pacificadora (UPPs) en el territorio de las favelas. Con el asesinato de Amarildo, quedó demostrado que las UPPs eran centros de tortura y desaparición de personas. El modelo UPP comenzó a ser superado por la resistencia de los favelados y entonces el gobierno del PT, desde 2008, inició la intervención militar directa de varias favelas con unidades del ejército que venían de hacer su experiencia de laboratorio en la represión a la población de Haití, con la Minustah. En junio de 2008 los militares invadieron el Morro da Previdencia; en noviembre de 2010 ocuparon el Complexo do Alemão que reúne 13 favelas; desde mayo de 2012 irrumpieron en la favela Santo Amaro, y en abril de 2014 entraron masivamente en el Complexo da Maré con 2700 soldados del ejército y la marina.

Esta ocupación policial y militar de Rio barrió con el estado de derecho en la ciudad y en cualquier otro país del continente hubiera sido caracterizada como terrorismo de estado . Fue la falsa imagen de “progresista” del gobierno PT que le permitió que esa acción de represión brutal sobre la población desarmada, pasara como una “necesidad nacional” para garantizar los mega-eventos de la mafia internacional del futbol.

Es decir que, en Rio de Janeiro no puede haber ninguna duda que la ocupación policial-militar de las favelas, debe ser caracterizada como Terrorismo de Estado y que el gobierno petista tiene la responsabilidad principal sobre esta represión brutal contra la población pobre desarmada, en especial sobre negros y pardos.

Racismo y Terrorismo de Estado en São Paulo.

En 2015, según la Defensoría de las Policías del Estado de São Paulo -es una especia de fiscalía que controla la acción policial- , policías mataron 862 personas en todo el estado. Una cifra que con seguridad no refleja la exacta realidad de las intervenciones policiales letales.

Júlio César Fernandes, el titular de la Defensoría, afirma que la elevada letalidad policial está ligada a la falta de investigación y la punición de los agentes envueltos en la gran mayoría de los casos. “Lo que normalmente sucede es que los ‘boletines de ocurrencia' redactados por los participantes policiales, se clasifican mayoritariamente como ‘enfrentamientos' y todo pasa a ser archivado”.

Como no existe ninguna intervención de la sociedad civil y todo se resuelve en el ámbito de la Secretaría de Seguridad Pública y en los comandos de la Policía Militar, bajo un gobierno estatal de Geraldo Alckmin (PSDB) que ha dado innumerables pruebas de racismo y de apoyo irrestricto a la represión policial de la sociedad, nada se investiga y la matanza racista continúa.

La última información sobre asesinatos policiales en São Paulo, hasta el fin de semana de carnaval, indica que desde el inicio de año y en menos de dos meses, 27 personas fueron muertas por policías en la capital del estado.

En enero 2016 fueron contabilizadas un total de 20 muertes causadas por policías, lo que denota un ritmo de escalada respecto a 2015. En febrero hubo un caso en Villa Leopoldina y por lo menos 6 muertes sólo en el feriado de carnaval hasta el miércoles de cenizas. Y la impunidad sigue dominando la escena.

Con 8 muertes en 2015, Brasil es el 5º país más peligroso para periodistas

El pasado año Brasil volvió a ubicarse entre los países más peligrosos para el ejercicio del periodismo, con el resultado de ocho muertes de periodistas en el ejercicio de su profesión, según el informe sobre la libertad de prensa editado por la Asociación Brasileña de Emisoras de Radio y Televisión (ABERT).

De acuerdo a la organización no gubernamental Press Emblem Campaign (PEC) sostenida por periodistas y con sede en Suiza, Brasil subió cinco posiciones en relación a la anterior pesquisa, ocupando el 5º lugar como país más letal para los periodistas, por encima de naciones en guerra como Libia, Yemen y Sudán del Sur.

El caso más emblemático ocurrió en agosto de 2015, cuando hombres armados ejecutaron a Gleydson Carbalho en el estudio de radio que trabajaba, en Camocim (Ceará). Una expresión de la impunidad con que actúan los sicarios en los estados del nordeste brasileño. Recordemos que Ceará fue gobernado por el neoliberal PSDB desde 1991 a 2007, y si contamos el primer gobierno del caudillo Tasso Jereissati iniciado en 1987 cuando aún él pertenecía al PMDB, se trató de dos décadas de dominio de un personaje nefasto que hoy ocupa el cargo de senador. Desde el 1º de enero de 2015 Ceará tiene un gobernador del PT.

Pero fue en noviembre de 2015 el peor mes para el periodismo brasileño cuando se realizaron tres ejecuciones en 11 días: un periodista de radio en Pernambuco y dos blogueros independientes en Maranhão. La mayoría de los periodistas muertos trabajaba en el tema político o en la indagación de casos de corrupción contra políticos o empresarios. La expansión de la corrupción en Brasil, con un Congreso que aloja no menos de 400 representantes indagados por corrupción en algún momento de su trayectoria política, no abre buenas perspectivas de seguridad para los profesionales.

A estas muertes hay que agregar el registro de 114 casos de agresiones, atentados, ataques, amenazas, intimidaciones, contra periodistas en 2015. En el rubro “agresiones” que suma 64 casos se destaca el aumento de ataques contra la prensa perpetrado por policías y en especial, policías militares, a pesar de estar claramente identificadas la víctimas como profesionales de la comunicación.

Corrupción: pilar de la Desigualdad

Como ya lo hemos afirmado anteriormente, la documentación histórica en Brasil demuestra que desde la colonia hasta la fecha, la supuesta “hacienda pública” siempre funcionó como un activo patrimonial de los grandes empresarios privados en componenda con los principales agentes estatales, y representantes políticos. Esto implicaba que la corrupción era publicitada y penalizada si se trataba de pequeños montos. La corrupción política en Brasil es una práctica fundamental para garantizar la desigualdad social. Se coloca siempre como barrera entre los derechos del ciudadano común y su acceso a los recursos del Estado.

Durante el “lulismo” la corrupción jugó un rol importante para la acumulación de capital de las corporaciones de la construcción o ligadas a la industria petrolera, -por ejemplo-, que se transformaron a partir de las “licitaciones” coimeadas de obras públicas, en transnacionales. Como los definió Dilma con toda precisión, los distintos Programas de Aceleración del Crecimiento (PAC) garantizaron un “festival de licitaciones”. La operación Lava Jato, con todas su inequidades investigativas, es una muestra de cómo la corrupción dominó todo el proceso. Jugó un rol de primera línea también como contrapeso a los avances en derechos sindicales, sociales o aumento del salario mínimo durante el “lulismo” que podían reducir los lucros empresariales. Para el capitalista brasileño ha sido en toda su historia un factor fundamental e insoslayable. Y a los empresarios poco les importa cuál es el partido que usufructúa el gobierno en tanto la corrupción continúe siendo el eslabón que los une a la “hacienda pública”. La corrupción se combina y complementa con el racismo para mantener a la población negra en un nivel de acceso inferior a la salud, educación, transporte y servicios sociales en general.

Si tomamos en cuenta sólo el caso de São Paulo, podemos tener una leve idea de lo que significa la corrupción estructural e institucional en Brasil. Según el Anuario de Justicia de São Paulo 2016 publicado el 24/02, cuatro de cada diez municipios del estado (entre nov./2014 y oct./2015) tuvo sus prefeitos (intendentes) condenados por “Improbidad Administrativa”. Los principales motivos para esas 266 condenas, fueron contratación de servicios sin licitación, fraudes a licitaciones, evasión de concurso público para llenar cargos, uso indebido de dineros públicos y utilización del cargo para propaganda personal. Y es indudable que estos datos son sólo un anémico reflejo de la realidad.

Las Olimpíadas de la corrupción

El informe de Amnistía Internacional ya citado denuncia las injustas remociones de sus casas impuestas a pobladores de Rio de Janeiro, para la realización de las obras de los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos Rio 2016. Lo pone como ejemplo de violación de derechos humanos en el país. Hubo ausencia de notificación con tiempo suficiente a los afectados; indemnizaciones insuficientes y sin preocupación por un reasentamiento adecuado. La falta de respeto a la población se acentuó en Vila Autódromo, al lado del parque Olímpico en la zona oeste de Rio, donde se derrumbaron las casas antes que los pobladores pudieran sacar sus pertenencias.

El complemento de esta prepotencia son los fraudes ya denunciados por el Ministerio Público Federal (MPF) en la contratación de empresas por el Comité Olímpico Brasileño (COB) desde 2008. Para el MPF el proceso selectivo de empresas de servicio para la traducción a otros idiomas de materiales de la COB no se trató más que de una “farsa”, una “simulación”. De las tres empresas concurrentes en la licitación dos pertenecían a la misma familia (V&B y Primacy) y la tercera (Efficiency) era inexistente. Para completar el mamarracho licitatorio la apertura de propuestas se hizo a “puertas cerradas” sin participación de los oferentes, contrariando la transparencia exigida por la ley.

La acusación ante juzgado de Rio de Janeiro contra el COB, el vice-presidente del Comité, el Ministro Interino de Deportes, un gerente del COB y las empresas que participaron en el fraude los transforma en “reos” de la justicia.

La ejemplar resistencia de los estudiantes secundarios en São Paulo

En noviembre/diciembre de 2015 más de 220 escuelas para niños y jóvenes entre 13 y 18 años fueron ocupadas en São Paulo en jornadas ejemplares con elevado grado de organización y originalidad. Y garantizando en todo momento actividades culturales y educativas para los ocupantes. Con dicha movilización se consiguió una victoria parcial contra la reforma de la educación que intentó el gobernador Geraldo Alckmin (PSDB) en el estado. El proyecto de reforma neoliberal se iniciaba con el cierre de 93 escuelas y la transferencia a otras zonas de cerca de un millón de estudiantes. Las ocupaciones se inscriben en un nuevo ciclo de luchas iniciado en junio de 2013 en defensa de los servicios públicos. En 2013 la lucha fue por el transporte popular, y en parte logró ser desvirtuada por manipulación de los grandes medios de comunicación, y con la inclusión oportunista de consignas que nada tenían que ver con las exigencias originales de los manifestantes contra el aumento del boleto.

En 2015, la ocupación de las escuelas impidió que se adulteraran los objetivos de la lucha y esta se mantuvo siempre bajo la conducción de una juventud que hace sus primeras experiencias de disputa social. Los ocupantes impidieron los intentos de desocupación en los centros al unir un amplio abanico de fuerzas políticas y sociales en su apoyo que envolvió a los profesores, padres y madres de alumnos, movimientos sociales, artistas y otros segmentos de la población. Se creó una red de solidaridad que aumentó a medida que las ocupaciones se ampliaban y la represión se intensificaba. Cuando se intentó el desalojo de los centros, los estudiantes llevaron la movilización a las grandes avenidas de la ciudad y el gobierno estadual lanzó la represión de los truculentos policías militares, responsables de la matanza sistemática de jóvenes negros en el estado. A pesar de los apaleamientos y prisiones de menores la movilización continuó. El resultado fue la derrota transitoria de la reforma y la renuncia del secretario de educación que la estaba implementando.

El programa de reforma educacional que se mantenía en secreto, al trascender su publicación fue rechazado por todas las universidades del estado y las instituciones que nuclean a los profesores. La reforma, llamada “reorganización”, para ocultar su ideología neoliberal fue identificada como un clásico recorte de gastos en la educación y el inicio de un proceso de privatización de la enseñanza pública a través de tercerizaciones y concesiones. El gobernador Alckmin intentaba disfrazar la “reforma” e impedir una discusión abierta y pública con los interesados.

Con el comienzo de las clases este año, ya se puede percibir una inquietud en las escuelas secundarias, por el aumento de las salas de clase con exceso de alumnos. En una resolución del gobierno de enero 2016 se aumentó a 50 el techo de alumnos por sala. Según la opinión de profesores se pretende reintentar una “reorganización sigilosa” en perjuicio de los estudiantes y de la enseñanza.

Referencias

Amnistía Internacional. Estado de los Derechos Humanos en el Mundo. Informe 2016 - 236 pg. Portugués. https://anistia.org.br/wpcontent/uploads/2016/02/Informe2016_Final_Web-1.pdf

Instituto de Segurança Pública (ISP) Rio de Janeiro. https://public.tableau.com/profile/instituto.de.seguran.a.p.blica.isp#!/vizhome/LetalidadeViolenta/Resumo

Ouvidoria das Polícias do Estado de São Paulo. Se trata de una especie de Ombudsman o Defensor del pueblo respecto a las instituciones de seguridad. http://www.ouvidoria-policia.sp.gov.br/

ABERT. 2015: um ano cruel para o jornalismo brasileiro. Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e TV. http://www.abert.org.br/web/index.php/notmenu/item/24810-2015-um-ano-cruel-para-o-jornalismo-brasileiro

UOL Notícias. 4 em cada 10 cidades de SP têm prefeiros condenados. São Paulo, 25 02 2016. http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2016/02/25/4-em-cada-10-cidades-de-sp-tem-prefeitos-condenados-revela-anuario-justica.htm

Jovempan. Comitê Olímpico do Brasil é acusado de contratar empresa de forma irregular 25 02 2016. http://jovempan.uol.com.br/esportes/mais-esportes/rio-2016/comite-olimpico-do-brasil-e-acusado-de-contratar-empresa-de-forma-irregular.html

*BBB es la bancada mayoritaria de la Cámara de Diputados, significa Boi (buey, por los ruralistas o agro-industria); bala (por policías, militares y defensores de la represión) y Biblia (por los religiosos intolerantes, principalmente evangélicos).

Fuente: varias